Como presidente interino, el primer objetivo de Juan Francisco Muñoz será colaborar con las autoridades y los asociados en reactivar la industria de los casinos luego del largo cierre que la afectó como consecuencia de la pandemia.

¿Cómo ha sido recibido en el cargo?

He sido muy bien recibido por todos los asociados. Yo estoy ejerciendo de manera interina y mi cargo permanente es la gerencia general corporativa de Marina del Sol. Conozco de cerca y respeto mucho el trabajo que ha realizado la ACCJ desde sus inicios. Los objetivos que la ley de casinos estableció, en materia de empleo, turismo, recaudación regional, entre otros, se han cumplido a plena cabalidad, es una ley exitosa que hoy nos plantea nuevos desafíos como asociación, los cuales estoy muy contento de apoyar y liderar, así como el proceso de concurso que actualmente estamos llevando a cabo para elegir al mejor candidato o candidata a la presidencia permanente del gremio.

¿Cuáles serán los mayores desafíos a los que se enfrentará al encabezar la Asociación Chilena de Casinos?

Como gremio, tenemos un gran desafío ante el incremento de las apuestas online, que hoy están fuera del marco regulatorio vigente, es decir son ilegales, operan fuera de la ley. En este sentido, sus operaciones generan preocupación en la industria, ya que representan una competencia deshonesta, pero mayormente un gran riesgo para la sociedad. En efecto, la ley y la regulación en Chile autoriza expresamente este negocio sometido a una serie de controles que aseguran la calidad del juego -sin trampas- el control de acceso a menores de edad, el control de la ludopatía, el lavado de dinero del narcotráfico u otros y el pago de los impuestos específicos respectivos, que son de beneficio nacional, regional y comunal. Todo eso no existe en la actual explotación del negocio online.

Los casinos autorizados nos hemos apegado a la ley, es decir no hemos participado del negocio online, a la espera de que haya un marco regulatorio. En Chile sólo están permitidos los juegos de azar, físicos u online, por disposiciones particulares – como la Polla, la Lotería de Concepción, los hipódromos y los casinos bajo la ley 19.995. Cualquier otra actividad está expresamente prohibida por el Código Civil (art 1466) y Código Penal (artículos 275 y ss.). Sin duda, la situación de las organizaciones que se han adelantado e iniciado operaciones de manera ilegal es uno de los temas que se deberá abordar a nivel legislativo.

Se requiere con urgencia un ordenamiento normativo que establezca un marco que dé seguridad y garantías tanto a oferentes como usuarios. La ACCJ buscará ser un aporte en el debate legislativo, para que se establezca un marco de competencia leal y legal para el juego online, como en el apoyo en la labor fiscalizadora del regulador.

¿Cómo ve el sector del juego en el país?

Nos vimos muy impactados por la pandemia, pero hoy vemos una industria sólida que comienza a recuperarse. Los casinos de juego cerraron el 18 de marzo de 2020 y reabrieron en noviembre de manera parcial, siguiendo el plan Paso a Paso. Los ingresos brutos del juego cayeron 75% en 2020. La pandemia continuó limitando las operaciones en 2021 y los ingresos del juego estuvieron 25% por debajo de los de 2019. Debido a las restricciones sanitarias, hubo casinos cerrados por 17 meses, plazo que representa el 10% de la vigencia de una concesión. Los casinos no pudieron ofrecer juego remoto, pese a que se había hecho una propuesta a la autoridad en 2019, pero si lo hicieron los actuales operadores ilegales.

Como industria de casinos regulados, tuvimos un rebote el año 2021, a partir del segundo semestre, cuando se flexibilizaron las restricciones sanitarias, y las cifras son similares a las de 2019 – que, de todos modos, mostró una leve baja (cercana al 5%) respecto de 2018. Según cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) se aportó un total de $89.672 millones en impuestos a lo largo del 2021. Por otra parte, el aporte tributario recibido durante el año 2021 significó $41.262 millones pagados a las comunas y gobiernos regionales donde se ubican los casinos físicos regulados por la SCJ, esto bajo el impuesto específico al juego.

Durante el primer trimestre de 2022, el aporte tributario de los casinos de juego autorizados por la ley N°19.995 alcanzó los $ 42.682 millones en el primer trimestre de 2022, según cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). La recaudación se distribuye en $19.331 millones pagados por los casinos autorizados a las comunas y gobiernos regionales en los que se ubican, $18.392 millones en IVA al juego y $4.960 millones en impuesto a las entradas.

Los resultados del primer trimestre 2022 mantienen la recuperación tras los efectos de la pandemia y se ubican 6,4% bajo los observados previo a la pandemia, para el mismo período en 2019. Nada de esto lo reportan los operadores online actuales.

¿Cuál es el principal objetivo a corto plazo de la Asociación? ¿Y a largo plazo?

El primer objetivo a corto y largo plazo será colaborar con las autoridades y los asociados para mantener activa la industria y dar continuidad a la tendencia de recuperación luego de los primeros dos años de pandemia. Somos la única industria nacional que contribuye con sus impuestos de manera directa al desarrollo territorial de las ciudades y localidades de las que formamos parte, por eso es clave continuar con la recuperación. Cabe destacar, además, la mantención de los puestos de trabajo, antes, durante y después pandemia. La industria fue muy seria en este aspecto y seguirá siéndolo.

Y como explicaba anteriormente, uno de los desafíos urgentes que como asociación buscaremos, será el de ser un aporte en el debate legislativo sobre el juego online, dentro de la normativa vigente. Esperamos que la voluntad de los legisladores sea avanzar de forma ágil e informada, para poder contar con una regulación lo antes posible, sobre todo, dado el aumento creciente de las apuestas online en nuestro país y los riesgos antes expuestos. Asimismo, apoyar a la autoridad competente en la persecución de los actuales operadores que violan la ley, incluso con publicidad.